ZARAGOZA
Expulsados 28
extranjeros de Zaragoza por robos con violencia e intimidación
Entre todos sumaban
116 detenciones, muchas de ellas por robos por el procedimiento del
'mataleón'.
HERALDO.ES
Policías del grupo
de investigación específico en robos con violencia e intimidación
detienen a un sospechoso.Policía Nacional
Un total de 28
ciudadanos extranjeros han sido expulsados de Zaragoza durante el año
2019 por delitos de robos con violencia e intimidación, según
informa la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la
Jefatura Superior de Policía de Aragón.
Los 28
expulsados sumaban un total de 116 detenciones policiales, 83 de ellas
relacionadas con delitos contra la propiedad, especialmente hurtos
y robos con violencia e intimidación. Las otras 33 detenciones, por
delitos de tráfico de drogas, lesiones o atentados a agentes de la
autoridad.
Una vez que los
agentes de la Policía Nacional completaron los expedientes de
expulsión de cada uno de los detenidos y tras realizar un seguimiento
minucioso de sus causas penales en los Juzgados correspondientes, se
pudo proceder a su expulsión.
La Policía Nacional
señala que estas expulsiones se han realizado"en aras de una
mejor convivencia y seguridad ciudadana, para una serie de personas
que se encargaban de desestabilizar el orden público, en detrimento
de todos aquellos que quieren vivir en paz y armonía como máximas
en sus intenciones de integración social".
Procedimiento de expulsión
La legislación española
establece que cuando los infractores sean extranjeros y
realicen conductas
de las tipificadas como muy graves, o ciertas conductas
graves, podrá aplicarse, en atención al principio de
proporcionalidad, en lugar de la sanción de multa, la expulsión del
territorio español, previa tramitación del correspondiente
expediente administrativo y mediante la resolución motivada que
valore los hechos que configuran la infracción.
Asimismo, constituye causa de
expulsión, previa tramitación del correspondiente expediente, que
el extranjero haya
sido condenado, dentro o fuera de España, por una
conducta dolosa que constituya en nuestro país delito sancionado
con pena
privativa de libertad superior a un año, salvo que los
antecedentes penales hubieran sido cancelados.
La resolución de expulsión
debe ser notificada
al interesado y ha de ser motivada, con indicación
de los recursos que contra ella se puedan interponer, órgano ante el
que hubieran de presentarse y plazo para presentarlos.
La expulsión lleva consigo
la prohibición
de entrada al territorio español y a los territorios
de los Estados con los que España haya suscrito acuerdo en ese
sentido. La duración de la prohibición se determina en
consideración a las circunstancias que concurran en cada caso y su
vigencia no excederá de cinco años. Excepcionalmente,
cuando el extranjero suponga una amenaza grave para el orden público,
la seguridad pública, la seguridad nacional o para la salud pública,
puede imponerse un período de prohibición de entrada de hasta diez
años, previo informe de la Comisaría General de Extranjería y
Fronteras.
Las resoluciones de expulsión
del territorio nacional que se dictan en procedimientos
de tramitación preferente se ejecutan de forma inmediata. Las
que se dictan en procedimientos de tramitación ordinaria contienen
el plazo de cumplimiento voluntario para que el extranjero abandone
el territorio nacional, que oscila entre siete y treinta días y
comienza a transcurrir desde el momento de la notificación de la
citada resolución, pudiendo ser prorrogado en atención a las
circunstancias que concurran en cada caso.
Transcurrido dicho plazo sin
que el extranjero haya abandonado el territorio nacional, los
funcionarios policiales competentes procederán a su detención
y conducción hasta el puesto de salida por el que
haya de hacerse efectiva la expulsión.
Si la expulsión no se
pudiera ejecutar en el plazo de setenta y dos horas desde el momento
de la detención, se podrá solicitar de la autoridad judicial el
ingreso del extranjero en los centros
de internamiento por el tiempo imprescindible para
ejecutarla, que no podrá prolongarse en ningún caso más allá de
sesenta días, o hasta que se constate la imposibilidad de ejecutarla
en dicho plazo. No podrá acordarse un nuevo internamiento sobre la
base del mismo expediente de expulsión.
