Resolución de 20 de abril de 2018 (30ª)VIII.4.2. Decaimiento del objeto. Inscripción de tutela administrativaUna vez alcanzada la mayoría de edad por parte de quien, siendo menor, estuvo sujeta a tutela administrativa, no cabe resolver el recurso por haber decaído su objeto. En las actuaciones sobre solicitud de inscripción de una tutela administrativa remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la entidad pública promotora contra resolución de la encargada del Registro Civil de Bilbao.Hechos1. Por medio de escrito dirigido al Registro Civil de Bilbao el 3 de noviembre de 2015, Dª M.-F. L. C., directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), solicitaba la inscripción en el Registro Civil de la tutela administrativa declarada por resolución de 30 de enero de 2015 del organismo al que representa en relación con una menor de edad, nacida en B. el 23 de diciembre de 1998, cuya guarda estaba delegada en la promotora como directora del ICASS. Aportaba copia de la resolución de la tutela que se pretendía inscribir.2. La encargada del registro dictó providencia el 11 de noviembre de 2015 denegando la pretensión por considerar que una tutela administrativa como la declarada en este caso no es un hecho inscribible, sin perjuicio de que, conforme prevé el artículo 38.6 de la Ley del Registro Civil, pudiera practicarse una anotación marginal informativa de la existencia de un guardador de hecho. 3. Notificada la resolución, se presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando la recurrente que la tutela declarada supone una suspensión de la patria potestad, que es un hecho inscribible porque afecta a la representación legal de la menor y que así está recogido en el artículo 75 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, cuya entrada en vigor estaba prevista en ese momento para el 1 de julio de 2017. 4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesó su desestimación. La encargada del Registro Civil de Bilbao se ratificó en su decisión y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.Fundamentos de DerechoI. Vistos los artículos 22 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) y 16 del Reglamento del Registro Civil (RRC) y las resoluciones, entre otras, 13-3ª de octubre de 2006, 25-1ª de febrero, 1-2ª de julio y 24-10ª de noviembre de 2008, 11-3ª de noviembre de 2009, 12-4ª de marzo de 2010, 16-1ª de febrero y 17-1ª de mayo de 2011, 6-20ª de julio de 2012, 4-91ª y 96ª de noviembre de 2013, 20-105ª de marzo de 2014, 3-39ª de julio y 2-15ª de octubre de 2015, 29-23ª de julio y 11-43ª de noviembre de 2016 y 7-2ª de abril de 2017.II. Se plantea en este expediente si es o no inscribible en el registro civil la suspensión de la patria potestad y consiguiente asunción de la tutela por parte de una entidad pública de protección de menores. No obstante, teniendo en cuenta que la entonces tutelada alcanzó la mayoría de edad el 23 de diciembre de 2016, el recurso ha perdido su objeto y procede darlo por decaído.Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado que no ha lugar a la resolución del recurso presentado por haber decaído su objeto, acordándose el archivo de las actuaciones.Madrid, 20 de abril de 2018 Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gálligo. Sra. juez encargada del Registro Civil de Bilbao

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VIII.4.2 Recursos en los que ha decaído el objetoResolución de 6 de abril de 2018 (20ª)VIII.4.2. Opción a la nacionalidad española.Fallecida la optante durante la pendencia del recurso, se acuerda el archivo del expediente por pérdida sobrevenida de objeto. En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra la resolución de la encargada del Registro Civil del Consulado General de España en La Habana (Cuba).Hechos1. Dª. H. F. L., de nacionalidad cubana, presenta escrito en el Consulado de España en La Habana (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007, disposición adicional séptima, y adjunta, en apoyo de su solicitud como documentación: hoja declaratoria de datos, en la que manifiesta que nació el 10 de septiembre de 1924 en L. H. (Cuba), hija de Don F. F. P., nacido en L. (España) y de Dª. M. C. L. A., nacida el 10 de julio de 1897 en L. (España), originariamente españoles; carnet de identidad cubano y certificado literal cubano de nacimiento de la interesada; certificado de bautismo de la madre de la solicitante, expedido por el encargado del Archivo Parroquial de S. M. F. de la Diócesis de L. y certificado de nacionalidad de la progenitora, expedido por el Consulado General de España en La Habana en fecha 30 de noviembre de 1987.2. Con fecha 26 de mayo de 2015, la encargada del Registro Civil Consular de España en La Habana, mediante auto, deniega lo solicitado por la interesada ya que de la documentación aportada no se establece que concurran los requisitos previstos en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, estimando que la peticionaria no prueba suficientemente los hechos a los que se refiere su declaración, ya que los documentos aportados por la solicitante presentan ciertas irregularidades que presumen falsedad documental.3. Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada, solicitando la revisión de su expediente, alegando que la documentación que aportó de su madre no es falsa y que sus progenitores son originariamente españoles y nacidos en España.4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, estima que en la tramitación del expediente se han guardado las prescripciones legales y el auto recurrido resulta dictado conforme a derecho y la encargada del registro civil consular remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, junto con informe, en el que indica que, en el caso de referencia, el certificado literal de nacimiento local de la solicitante ha sido expedido por funcionaria del Registro Civil de La Habana Vieja, evidenciándose su participación en la preparación de dicho expediente, quien actualmente se encuentra bajo proceso judicial por las autoridades cubanas por falsificación de documentos públicos. En virtud de lo anteriormente indicado, se desprende que la interesada accedió a dicho registro civil consular en virtud de “título manifiestamente ilegal”, por lo que las irregularidades presentes no permiten determinar que en la solicitante concurran los requisitos exigidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 2/2007, especialmente en lo que se refiere a la acreditación de la nacionalidad española de origen de su progenitora.5. Recibidas las actuaciones en esta Dirección General de los Registros y del Notariado, por oficio de fecha 6 de octubre de 2017 se solicita del registro civil consular, requiera a la interesada a fin de que aporte nueva documentación, en particular, certificado literal local de nacimiento de la promotora debidamente legalizado y certificado literal español de nacimiento del padre o madre de la solicitante.6. Con fecha 7 de febrero de 2018, la encargada del Registro Civil Consular de España en La Habana informa del fallecimiento de la interesada, aportando copia de certificado de defunción de la misma, acaecido en Cuba el 26 de octubre de 2016.Fundamentos de DerechoI. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995,de 2 de noviembre; los artículos 20 del Código Civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras, de 7-2ª de octubre de 2005, 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero y 20-5ª de junio de 2006; 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de noviembre de 2007, y, por último, 7-1ª de febrero de 2008.II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular como española de origen a la nacida el 10 de septiembre de 1924 en L. H. (Cuba), en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”. La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 8 de junio de 2011 en el modelo normalizado del anexo I de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la encargada del registro civil consular se dictó auto de fecha 26 de mayo de 2015, denegando lo solicitado. III. El auto apelado basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no han resultado acreditados los requisitos legales exigidos, toda vez que los documentos aportados por la solicitante presentaban ciertas irregularidades que presumían falsedad documental, auto que constituye el objeto del presente recurso, en el momento de cuya resolución ha sido conocido por este centro directivo que después de la interposición de la apelación, con fecha 26 de octubre de 2016, la optante falleció.IV. Por este hecho no se considera necesario entrar a examinar en esta instancia las circunstancias y hechos concretos en los que la encargada ha fundamentado su decisión denegatoria ya que, fallecida la interesada que declaró su voluntad de optar a la nacionalidad española y que recurrió su denegación, el recurso ha perdido sobrevenidamente su objeto. Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado archivar el recurso interpuesto por pérdida sobrevenida de objeto.Madrid, 6 de abril de 2018. Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gálligo. Sr. encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba)

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VIII.4 Otras cuestionesVII.4.1 Recursos en los que se aprecia vicio de incongruenciaResolución de 13 de abril de 2018 (24ª)VIII.4.1. Incongruencia en expediente de cambio de nombre por el usado habitualmenteProcede la revocación del auto incurso en vicio de incongruencia por resolver sobre cuestión distinta de la solicitada de manera principal. En el expediente sobre cambio de nombre por el usado habitualmente remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los promotores contra auto dictado por el juez encargado del Registro Civil de Majadahonda (Madrid). Hechos1. Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Las Rozas (Madrid) en fecha 19 de noviembre de 2015 don C. C. S. y doña T. M. C., mayores de edad y domiciliados en dicha población, promueven expediente gubernativo de cambio del nombre inscrito a su hija Adriana C. M., nacida el ….. de 2008 en M., por el usado habitualmente, “Adrián”, exponiendo que desde muy temprana edad manifestó su identidad de hombre, que la situación de disforia de género se ha ido agravando hasta resultar insoportable, que en febrero de 2015, aconsejados e informados por especialistas y en interés del menor, decidieron que lo procedente era efectuar el llamado “tránsito social”, que desde entonces usa habitualmente el nombre de Adrián y su apariencia se corresponde con la que cultural y socialmente se considera de niño y que, cuando tiene que acreditar su identidad “oficial”, queda de manifiesto su situación con menoscabo de su dignidad y coerción del derecho a la intimidad y a la propia imagen. Acompañan copia simple de DNI de los tres, volante de empadronamiento en L. R., de la menor, certificación literal de inscripción de nacimiento, varios informes sobre su condición de persona transexual y copia simple de diversa documental en la que consta identificada con el nombre solicitado y copia simple de autos de otros registros que autorizan el cambio de nombre de menores transexuales.2. Recibido lo anterior en el Registro Civil de Majadahonda, el ministerio fiscal se opuso a la pretensión ya que, no modificada la mención del sexo en la inscripción registral, el nombre de Adrián contraviene lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley del Registro Civil, y el juez encargado, razonando que el artículo 1 de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, incluye en su ámbito de aplicación a toda persona de nacionalidad española, mayor de edad y con capacidad suficiente, que la interesada es menor de edad y, teniendo la solicitud un carácter personalísimo, no puede realizarse por representación y que, no procediendo el cambio de sexo, tampoco procede el cambio de nombre, dictó auto de fecha el 2 de marzo de 2016 acordando denegar el cambio de sexo y nombre de la menor.3. Notificada la resolución a las partes, los promotores interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que el auto dictado yerra ab initio ya que su argumentación versa sobre rectificación de la mención registral del sexo y lo solicitado es el cambio del nombre inscrito a la menor por el usado habitualmente y concordante con su identidad sexual y, al resolver sobre una cuestión no planteada y no entrar en el fondo de la planteada, es incongruente, reiterando lo expuesto en el escrito inicial y aportando artículos de prensa sobre la transexualidad en menores. 4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal que, dando por reproducidos los argumentos esgrimidos en su informe anterior y la fundamentación recogida en la resolución dictada, impugnó el recurso y seguidamente el juez encargado dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado. Fundamentos de DerechoI. Vistos los artículos 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), 54, 57, 59 y 60 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 16, 205, 209, 210, 349 y 365 del Reglamento del Registro Civil (RRC) y las resoluciones, entre otras, de 10-1ª y 19 de octubre de 1995, 10-1ª de enero, 3 de febrero y 8 de mayo de 1996, 9 de enero de 1997, 3 de abril y 15-2ª de diciembre de 2003, 2-4ª de enero de 2004, 24-1ª de abril, 17-2ª de julio y 11-5ª de octubre de 2006, 2-5ª y 10-3ª de enero y 7-6ª de diciembre de 2007, 29-4ª de enero, 19-6ª de septiembre y 28-10ª de noviembre de 2008, 27-4ª de febrero, 7-1ª de abril y 13 de junio de 2009, 15-7ª de noviembre de 2010, 6-25ª de mayo y 15-87ª de noviembre de 2013, 27-47ª de enero y 16-72ª de septiembre de 2014, 10-32ª de julio de 2015 y 29-52ª de agosto de 2016.II. Solicitan los promotores el cambio del nombre, Adriana, inscrito a su hija menor de edad por el usado habitualmente, “Adrián”, exponiendo que desde muy temprana edad manifestó identidad de varón, que en febrero de 2015, aconsejados por especialistas y en interés del menor, decidieron efectuar el “tránsito social”, que desde entonces usa habitualmente el nombre de Adrián y su apariencia se corresponde con la que cultural y socialmente se considera de niño y que el tener que acreditar su identidad “oficial” afecta a su dignidad como persona y vulnera su derecho a la intimidad y a la propia imagen, y el juez encargado, razonando que el artículo 1 de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, incluye en su ámbito de aplicación a toda persona de nacionalidad española, mayor de edad y con capacidad suficiente, que la interesada es menor de edad y la solicitud, por su carácter personalísimo, no puede realizarse por representación y que, no procediendo el cambio de sexo, tampoco procede el cambio de nombre, acuerda denegar el cambio de sexo y nombre de la menor mediante auto de 2 de marzo de 2016 que constituye el objeto del presente recurso.III. El encargado ha resuelto sobre la base equivocada de que el expediente promovido es de rectificación de la mención registral relativa al sexo de la persona y del cambio de nombre que conlleva a fin de que no resulte discordante con el sexo registral rectificado (cfr. Ley 3/2007, de 15 de marzo). La congruencia supone la adecuación de la parte dispositiva de las resoluciones a las pretensiones de las partes, en este caso se aprecia una clara desviación de la causa de pedir y, en consecuencia, procede revocar el auto dictado (cfr. arts. 218 LEC y 16 RRC) y retrotraer las actuaciones al momento en el que el registro debió pronunciarse sobre la solicitud de cambio de nombre por el usado habitualmente.Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:1º. Dejar sin efecto el auto apelado.2º. Retrotraer las actuaciones a fin de que por el encargado del registro se dicte resolución congruente con la solicitud de los promotores.Madrid, 13 de abril de 2018. Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gálligo. Sr. juez encargado del Registro Civil de Majadahonda (Madrid)

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Resolución de 6 de abril de 2018 (34ª)VIII.3.1. Caducidad por inactividad del promotor. Art. 354 RRCNo habiendo sido advertido el solicitante del plazo de caducidad y presentada la documentación requerida antes de que aquella fuera declarada, procede retrotraer las actuaciones y continuar la tramitación del expediente de nacionalidad por residencia. En las actuaciones sobre declaración de caducidad de un expediente de nacionalidad por residencia remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra auto del encargado del Registro Civil de Barcelona.Hechos1. Por medio de formulario presentado en el Registro Civil de Barcelona el 21 de diciembre de 2010, el Sr. M. J. A., mayor de edad y de nacionalidad paquistaní, solicitó la concesión de la nacionalidad española por residencia. Aportaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento, certificado de ausencia de antecedentes penales en su país de origen, certificado de empadronamiento, certificado de matrimonio, certificados de nacimiento de dos hijas, informe de vida laboral, contrato de trabajo, resolución de reconocimiento de alta en la Seguridad Social, tarjeta de residencia y pasaporte paquistaní. 2. Ratificado el solicitante y practicado el trámite de audiencia previsto en el art. 221 del Reglamento del Registro Civil, el ministerio fiscal requirió la aportación de una certificación de nacimiento debidamente legalizada y de las últimas nóminas recibidas. 3. El requerimiento se notificó el 11 de agosto de 2011 en comparecencia ante el registro del promotor, quien, en el mismo acto, aportó nuevo certificado de empadronamiento. 4. El 30 de agosto de 2012 se pasaron las actuaciones al ministerio fiscal, quien solicitó el archivo provisional del expediente por incomparecencia del promotor en informe fechado el 14 de septiembre de 2012. El archivo provisional fue declarado mediante providencia de la encargada de 20 de septiembre de 2012. 5. El 7 de mayo de 2015 el promotor compareció nuevamente ante el registro y solicitó el desarchivo de las actuaciones, al tiempo que aportaba la documentación que le había sido requerida anteriormente.6. En informe fechado el 21 de diciembre de 2015, el ministerio fiscal solicitó la declaración de caducidad del expediente en virtud del artículo 354 del Reglamento del Registro Civil por paralización del procedimiento durante más de tres meses por causa imputable al promotor, quien finalmente había aportado la documentación requerida pero no había justificado el retraso en la presentación.7. Notificado el inicio del procedimiento de caducidad, el interesado, por medio de representante legal, alegó que en ningún momento había sido advertido del plazo de caducidad y que la inactividad, en cualquier caso, se había producido en un trámite no esencial, dado que la competencia para resolver el expediente de nacionalidad por residencia corresponde al Ministerio de Justicia. Además, señalaba que también se habían producido periodos de inactividad superiores a tres meses por parte del registro.8. El encargado del registro dictó auto el 1 de febrero de 2016 declarando finalmente la caducidad del expediente por paralización del procedimiento durante más de tres meses por causa imputable al promotor.9. Notificada la resolución, se presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando el recurrente que, debido a problemas familiares graves, no había podido comparecer ante el registro hasta mayo de 2015, momento en que se le comunicó que su expediente había sido archivado de forma provisional; que en ese momento se desarchivaron las actuaciones y se le comunicó verbalmente que podía presentar la documentación que le había sido requerida, cosa que hizo a través de su representante en octubre de 2015; que el registro también había permanecido inactivo desde noviembre de 2011 (cuando se cumplieron tres meses desde la notificación del requerimiento) hasta mayo de 2015, cuando se reanudaron las actuaciones y se permitió al interesado la incorporación de la documentación complementaria, por lo que considera que se aplican dos varas de medir diferentes según que el retraso sea achacable al interesado, en cuyo caso se aplica la norma con todo rigor, o al órgano registral, cuya inactividad no genera consecuencia alguna, y que, si bien los retrasos de la Administración son comprensibles por la falta de medios de los que se dispone, no es justo que se aplique a los particulares el rigor que aquella no se aplica a sí misma.10. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesó su desestimación. El encargado del Registro Civil de Barcelona ratificó la decisión adoptada y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.Fundamentos de DerechoI. Visto el artículo 354 del Reglamento del Registro Civil (RRC) y las resoluciones, entre otras, 30-1ª de mayo, 14-3ª de junio y 16 de diciembre de 2002; 7-1ª de enero, 27-3ª de febrero y 19-4ª de noviembre de 2004; 25-1ª, 2ª, 3ª y 4ª de enero, 8-2ª y 17-3ª de febrero, 27-4ª y 31-1ª de octubre de 2006; 27-9ª de marzo de 2007; 12-3ª de enero y 23-10ª de marzo de 2009; 9-2ª de febrero y 7-1ª de octubre de 2010; 11-4ª de enero, 4-2ª de abril y 13-1ª de junio de 2011; 28-16ª de junio de 2012; 19-5ª y 15ª de abril y 18-35ª de septiembre de 2013 y 16-34ª de diciembre de 2016.II. El promotor inició en 2010 un expediente para la obtención de la nacionalidad española por residencia, siendo requerido por el ministerio fiscal para que aportara documentación complementaria en comparecencia personal ante el registro el 11 de agosto de 2011. Declarado el archivo provisional del expediente en septiembre de 2012 por incomparecencia del interesado, en mayo de 2015 se reanudaron las actuaciones al presentar el promotor espontáneamente la documentación requerida. No obstante, en diciembre de 2015, el ministerio fiscal instó el procedimiento de caducidad, circunstancia que se notificó al interesado, quien alegó que nunca se le había comunicado que existiera un plazo de caducidad de tres meses. La caducidad fue finalmente acordada por el encargado en virtud de lo establecido en el art. 354 RRC y contra el auto de declaración de caducidad se presentó el recurso ahora examinado.III. Pasados tres meses desde que un expediente se paralice por culpa del promotor, el ministerio fiscal podrá pedir que se declare su caducidad previa citación al interesado (art. 354, párrafo tercero RRC). Figura incorporada al expediente la notificación al promotor en comparecencia personal ante el registro del requerimiento de documentación efectuado por el ministerio fiscal. Sin embargo, no consta que se le advirtiera en ningún momento de la existencia de un plazo legal de caducidad de tres meses. Además, la documentación requerida se incorporó finalmente al expediente por iniciativa del interesado sin otro requerimiento previo y aunque, efectivamente, había transcurrido mucho tiempo desde su última comparecencia sin que comunicara la causa de la demora o solicitara una prórroga, lo cierto es que el registro no cumplió adecuadamente el procedimiento que la normativa prevé, por lo que no cabe, una vez cumplido el trámite requerido, declarar la caducidad con efectos retroactivos sancionadores para el interesado.Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:1º) Estimar el recurso y dejar sin efecto la resolución de caducidad recurrida.2º) Retrotraer las actuaciones al momento en que se aportó por parte del interesado la documentación requerida en su día por el ministerio fiscal.Madrid, 6 de abril de 2018. Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gálligo. Sr. juez encargado del Registro Civil de Barcelona

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VIII.3 Caducidad del expedienteVIII.3.1 Caducidad por inactividad del promotor, Art. 354 RRCResolución de 6 de abril de 2018 (24ª)VIII.3.1. Caducidad por inactividad del promotor1º. La declaración de caducidad por causa imputable al promotor requiere la previa citación del mismo.2º. Examinado el fondo del asunto por razones de economía procesal y para evitar dilaciones desproporcionadas, es conforme a derecho la caducidad que se decreta pasados tres meses desde que un expediente se paraliza por culpa del promotor.En las actuaciones sobre caducidad en inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada, contra auto dictado por la encargada del Registro Civil Consular de España en Nueva York (Estados Unidos de América).Hechos1. Con fecha 23 de diciembre de 2011, Dª. L. L. F., de nacionalidad norteamericana, presenta escrito en el Consulado de España en Nueva York a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007, disposición adicional séptima, acompañando modelo de solicitud anexo I y hoja declaratoria de datos, en la que indica que nació el 24 de marzo de 1956 en H., C. (EEUU) y que es hija de Don G. L. S., nacido en Madrid el 26 de abril de 1929, de nacionalidad norteamericana y de Dª. E. F. L., nacida en O., Florida, el 21 de mayo de 1929, de nacionalidad norteamericana, sin aportar ninguno de los documentos probatorios, siendo requerida desde el citado registro civil consular en dicha fecha mediante anexo VI para la aportación de los documentos necesarios para tramitar su solicitud.2. Por oficio de fecha 19 de agosto de 2014, el Consulado General de España en Nueva York, requiere de nuevo a la interesada a fin de que aporte los documentos necesarios para la tramitación de su solicitud, no atendiendo al requerimiento formulado.3. Por acuerdo de fecha 17 de noviembre de 2015, la encargada del Registro Civil Consular de España en Nueva York, declara la caducidad y archivo de la solicitud formulada por la interesada, por carecer de la documentación necesaria para su tramitación, de conformidad con lo dispuesto en la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre el derecho de opción a la nacionalidad española, establecido en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre.4. Notificada la interesada, interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución antes citada, solicitando se renuncie a la exigencia de documentación original sobre el cambio de orden de los apellidos de su progenitor, para hacer posible que se tramite su expediente de opción a la nacionalidad española de origen.5. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, este informa que se han seguido la tramitación y plazos reglamentarios y que el acuerdo dictado lo es conforme a derecho y la encargada del Registro Civil Consular en Nueva York emitió su informe preceptivo ratificándose en el acuerdo dictado y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.Fundamentos de DerechoI. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre; los artículos 15, 16, 23 y 64 de la Ley del Registro Civil; 16, 66, 68, 85, 220 y siguientes, 232 , 349, 354 y 358 del Reglamento del Registro Civil; 48 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; las instrucciones de 20 de marzo de 1991 y de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones de 29-2ª de Octubre de 1999; 13-1ª de Febrero y 22 de Marzo de 2003; 15-3ª de Octubre de 2008; 13-6ª de Abril de 2009; 1-6ª de Diciembre de 2010.II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular como española de origen a la nacida el 24 de marzo de 1956 en H., C. (EEUU), en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”. La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 23 de diciembre de 2011 en el modelo normalizado del anexo I de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la encargada del registro civil se dictó acuerdo el 17 de noviembre de 2015, declarando caducada la solicitud y el archivo de las actuaciones.III El acuerdo apelado basa su decisión en que la solicitante no ha aportado, pese a haber sido requerida para ello, la documentación necesaria para la tramitación de su solicitud, según la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de la Dirección General de los Registros y del Notariado, no habiendo quedado acreditado el cumplimiento de los requisitos de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, posición que el ministerio fiscal comparte en su informe. IV. Pasados tres meses desde que un expediente se paralice por culpa del promotor el ministerio fiscal podrá pedir que se declare su caducidad, previa citación al promotor (cfr. art. 354, III RRC). En este expediente no consta que con carácter previo a la declaración de caducidad haya sido citada la promotora, por lo que procedería la retroacción de actuaciones para que se procediese a dicha citación por los medios previstos en la ley con carácter previo a la declaración que procediese sobre la caducidad del expediente. No obstante, vistas las circunstancias concurrentes y dado el tiempo transcurrido desde que aquella promovió el expediente, se estima oportuno por razones de economía procedimental y para evitar dilaciones desproporcionadas con la causa (cfr. art. 354.II y 358.V RRC), examinar el fondo de la cuestión de la caducidad y dictar un pronunciamiento sobre el mismo.V. En el presente caso, la promotora formuló solicitud de opción a la nacionalidad española de origen en virtud de lo establecido en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 con fecha 23 de diciembre de 2011 en el Registro Civil Consular de España en Nueva York, sin aportar ninguno de los documentos probatorios exigidos, siendo requerida desde el citado registro civil consular en dicha fecha mediante anexo VI para la aportación de los documentos necesarios para tramitar su solicitud en el plazo de treinta días, tal como se establece en el criterio V “Reglas de Procedimiento” de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre el derecho de opción a la nacionalidad española establecido en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007. La interesada no atendió al requerimiento formulado dentro del plazo establecido.Posteriormente, por oficio de fecha 19 de agosto de 2014, el Consulado General de España en Nueva York, requiere de nuevo a la interesada a fin de que aporte los documentos necesarios para la tramitación de su solicitud, no siendo atendido dicho requerimiento de documentación por la promotora y, por otra parte, tampoco aporta la interesada la documentación requerida junto con su escrito de recurso, que tiene entrada en el Consulado de España en Nueva York en fecha 15 de diciembre de 2015, por lo que en este caso se ha sobrepasado ampliamente el plazo de caducidad del expediente establecido en la legislación.Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.Madrid, 6 de abril de 2018. Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gálligo. Sr. encargado del Registro Civil Consular en Nueva York (Estados Unido)

* Información obtenida del Boletín del Ministerio de Justicia del Gobierno de España (Año LXXIII Núm. 2.216 Febrero de 2019)