La justicia es un pilar fundamental sobre el que se sostiene nuestra democracia y el Estado de Derecho. Sin embargo, en los últimos días, nos encontramos ante un panorama preocupante: la convocatoria de una huelga de jueces y fiscales para los días 1, 2 y 3 de julio, una medida que podría extenderse a lo largo de los próximos meses y que amenaza con sumir a la administración de justicia en una nueva parálisis.
Como abogados que defendemos los derechos e intereses de los ciudadanos, nos vemos en la obligación de manifestar nuestra posición ante esta situación, que puede tener consecuencias graves no solo para los profesionales del sector, sino también para las personas que recurren a la justicia para resolver sus conflictos y garantizar sus derechos.
Un conflicto que pone en riesgo el acceso a la justicia
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha manifestado recientemente que la convocatoria de la huelga carece de base normativa suficiente, lo que ha generado aún más incertidumbre sobre el desarrollo de este conflicto. Esta situación nos obliga a reflexionar sobre las implicaciones que tiene la huelga para la ciudadanía y para el funcionamiento del sistema judicial. La justicia debe ser un servicio público continuo y accesible para todos, pero con estas acciones, se pone en peligro uno de los derechos fundamentales que la Constitución reconoce a todos los ciudadanos: el derecho a la tutela judicial efectiva.
Como abogados, somos conscientes de las dificultades que enfrentan los tribunales españoles, con unos plazos procesales que muchas veces rozan lo inaceptable.
No obstante, creemos que la respuesta a estos problemas no puede ser otra que la búsqueda del diálogo y el acuerdo. Las huelgas, aunque legítimas, no deben ser la primera vía de expresión de desacuerdo ante una reforma, sobre todo cuando la solución podría alcanzarse con el compromiso y la cooperación de todas las partes implicadas.
La abogacía como garante de los derechos de los ciudadanos
El perjuicio que esta huelga puede causar a los ciudadanos es evidente. Miles de personas dependen a diario de la justicia para resolver sus disputas legales, ya sea en el ámbito civil, penal o administrativo. Los retrasos y la paralización de los tribunales significan un claro obstáculo para que puedan ejercer su derecho a una resolución oportuna y eficaz de sus asuntos. Los abogados, que trabajamos al lado de nuestros clientes, somos testigos de cómo las dilaciones en los procesos judiciales afectan gravemente a quienes confían en el sistema de justicia.
No solo son los ciudadanos los que sufren, también los profesionales del derecho que trabajamos día a día en los tribunales. Muchos abogados se ven obligados a realizar largos desplazamientos a distintas ciudades para acudir a vistas, juicios o diligencias. Esta situación genera no solo un malestar profesional, sino que también tiene un impacto económico considerable.
La necesidad de un diálogo responsable
Desde la abogacía, hacemos un llamamiento a la responsabilidad y al entendimiento mutuo entre las partes implicadas: jueces, fiscales, Gobierno y CGPJ. Es fundamental que se retome el diálogo y se busquen soluciones en el marco de la negociación, con el objetivo de evitar que la justicia se vea aún más afectada por esta crisis. La reforma del sistema judicial es necesaria, pero debe ser abordada de manera equilibrada, teniendo en cuenta las necesidades del sistema y el impacto que pueda tener en la ciudadanía.
El recurso a la huelga no debe ser la única salida para solucionar los problemas que atraviesa la justicia en nuestro país. Sabemos que los tiempos de respuesta de los tribunales son mejorables, y muchos juzgados sufren un colapso que ya no es aceptable. Sin embargo, el camino hacia la solución debe ser el del entendimiento, y no el de la confrontación que nos aleja de los intereses de quienes más nos importan: los ciudadanos.
Conclusión:
En resumen, la abogacía española se posiciona a favor de la mejora y la reforma del sistema judicial, pero rechaza el recurso a medidas tan drásticas como la huelga. Creemos firmemente que el diálogo, la responsabilidad y el respeto por el derecho de todos los ciudadanos a una justicia rápida y efectiva son los únicos caminos para salir de esta crisis. Solo con la colaboración de todos los actores del sistema judicial, podremos garantizar una justicia más ágil, accesible y, sobre todo, más humana.
